Una resolución firmada por la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, habilita la exoneración de impuestos a la empresa donde trabaja su esposo. Desde el ministerio se asegura que la situación es ajustada a derecho.
lanafil S.A, empresa que vende productos fitosanitarios, presentó ante la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP) un pedido para acceder a beneficios tributarios por una inversión de más de 38 millones de pesos en obra civil, compra de equipos y vehículos eléctricos. El gerente general de lanafil es el ingeniero químico Juan Alzugaray, esposo de la ministra Arbeleche.
La COMAP recomendó al Poder Ejecutivo aprobar el beneficio de inversión dado que cumple con lo establecido en la ley de inversiones, lo que derivó en una resolución firmada por Arbeleche el pasado 3 de agosto declarando promovida la inversión. De acuerdo a la ley, esto permite exonerar impuestos de importación, de un porcentaje de irae a la inversión elegida y otorga crédito de IVA por la compra de bienes y servicios para la inversión.
Ante cuestionamientos por un posible conflicto de intereses, fuentes del Ministerio de Economía indicaron a Subrayado que la decisión de Arbeleche fue ajustada a derecho, no hubo un uso indebido de la función pública y no se otorgaron beneficios indebidos, cumpliendo con los artículos del Código de Ética Pública, en particular el 31 de la ley 19823.
Desde el ministerio indicaron que los informes de la COMAP, en donde actúan representantes de varios ministerios, son vinculantes. por ese motivo el ministro no puede apartarse de dicho informe y no deja margen de decisión. Por ese motivo se sostiene que el ministro no incide en la decisión y no se produce el conflicto de interés, por lo que no es aplicable el artículo 31, que prohíbe a los funcionarios públicos ejercer su función con relación a las actividades o entidades privadas a las que se encuentren vinculados profesional, laboral o familiarmente.
Según confirmó Subrayado, en la JUTEP no hay ninguna denuncia concreta sobre esta situación. De todas formas la nueva presidenta, Gabriela Di Longo, indicó que el caso puede ser estudiado en caso que así lo resuelva el directorio.
El expresidente de la JUTEP, Ricardo Gil Iribarne, afirmó que Arbeleche debió excusarse de firmar la resolución. Indicó que hay que separar la legitimidad de la inversión promovida con la actuación de la ministra, de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 del código de ética pública, ley 19.823.
Fuente: subrayado portal