La Cámara de Senadores recibió en las últimas horas un oficio de la Junta Departamental de Colonia en el que se solicita a instancias de los ediles del Frente Amplio (FA) el juicio político al exedil Héctor Curutchet, condenado por un siniestro fatal donde mató a dos personas tras chocar alcoholizado.

El edil frenteamplista José Manuel Arenas explicó a Montevideo Portal que, desde la oposición departamental, buscan despejar la duda de si el curul está inhabilitado para ejercer la función pública.

El opositor asumió que el tema genera distintas interpretaciones desde lo jurídico, aunque explicó la posición del Frente Amplio sobre el caso.

“Es un tema que puede ser polémico porque hay una interpretación doctrinaria que indica que Curutchet ya no sería más edil, porque fue condenado en el marco de un juicio abreviado. El tema es que, a diferencia de lo que ha pasado con otros condenados por delitos contra la Administración Pública, como este no es un delito de ese tipo, no tiene inhabilitación. Y, por lo tanto, quedando la duda, nosotros de cualquier manera promovemos el juicio político, y el Senado deberá resolver”, señaló.

Arenas agregó que, al momento de la condena con prisión efectiva, la Justicia se lo comunicó a la Junta y, a través de un acto administrativo, el legislativo departamental “lo dio como cesado” y convocó a su suplente en calidad de titular.

“Desde el punto de vista de los hechos, se dio una sustitución que a nuestro juicio correspondía. Pero, sin perjuicio de eso, también somos conscientes que, según establece la Constitución, el único mecanismo que permite quitarle de alguna manera la calidad de edil a un ciudadano es el juicio político. Por lo tanto, la Junta Departamental lo único que puede hacer es la acusación, y siempre es el Senado de la República el que resuelve en definitiva si corresponde o no destituirlo”, añadió el edil.

Arenas también apuntó que, dentro del debate político en el departamento, estuvo la comparación del caso con el del exalcalde de Florencio Sánchez Alfredo Sánchez, que renunció a su cargo luego de que la Suprema Corte de Justicia rechazara el recurso de inconstitucionalidad que había presentado contra el juicio político que iba a darse en el Parlamento.

El alcalde “de las mil gauchadas” fue condenado a tres años de prisión por asociación para delinquir en reiteración real, concusión y fraude por su proceder durante su gestión.

“El tema es que el exalcalde Sánchez fue condenado por un delito contra la Administración Pública y su pena era la inhabilitación de ejercer cargos. Pero en este caso no, porque es un homicidio culposo. Entonces, teniendo esa duda, nos pareció que lo más atinado en todo caso es que el Senado, con su Comisión de Constitución y Legislación, determine si corresponde o no”, finalizó el edil.

El Frente Amplio tiene en Colonia 12 ediles, con lo que le alcanzó para remitir la acusación ante la Cámara de Senadores, que requería 11 votos en el legislativo departamental.

“La Junta Departamental intentó a instancias del Frente abordar este tema hace bastante tiempo, y por una actitud del Partido Nacional eso fue bloqueado en más de una oportunidad. Así fue que la solicitud del juicio político recién tuvo su tratamiento hace pocas semanas”, dijo Arenas.

Gravedad de los hechos

En el documento enviado a la Comisión de Constitución y Legislación, la Junta Departamental de Colonia denuncia a Curutchet por la “gravedad de los hechos protagonizados por él”, entre otras acusaciones.

Se recuerda que, en marzo de 2024, el edil fue condenado a cuatro años y medio de prisión por “homicidio culposo calificado por el resultado de la muerte de dos personas”.

El legislativo departamental consigna que, después de lo ocurrido y del pronunciamiento de la Justicia, el edil no presentó renuncia al cuerpo.

“Tal como lo dispone el Código Penal, con su conducta el edil Curutchet ha cometido delitos contra la personalidad física y moral del hombre, causando el fallecimiento de dos personas, dejando con graves lesiones a otras dos personas. Ha violado las normas contenidas en el Código de Ética y Normas de Conducta en la Función la Pública que establecen los deberes y obligaciones de los funcionarios”, señala el documento al que accedió Montevideo Portal.

La Junta Departamental de Colonia manifestó su “más absoluto rechazo a las conductas desplegadas por el edil”, envió sus condolencias a las familias de las víctimas y basa su pedido en el artículo 296 de la Constitución.

La Carta Magna consagra en el mencionado artículo: “Los intendentes y los miembros de la Junta Departamental podrán ser acusados ante la Cámara de Senadores por un tercio de los votos del total de componentes de dicha Junta por los motivos previstos en el artículo 93. La Cámara de Senadores podrá separarlos de sus destinos por dos tercios de votos del total de sus componentes”.

 

 

Montevideo Portal