El senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, pidió a la Comisión de Ganadería del Senado convocar nuevamente al directorio del Instituto Nacional de Colonización (INC) para indagar sobre presuntas irregularidades en la compra de la estancia María Dolores, en Florida, que costaría unos US$ 32,5 millones.

Según sostuvo, hay evidencia jurídica de que se requerían cuatro votos para aprobar la adquisición, y no tres, como fue el caso.

“Mi idea no es esperar a que haya un incendio para actuar de bomberos, sino tratar de evitar que se incendie la pradera”,afirmó el legislador colorado, al fundamentar su solicitud ante la comisión parlamentaria, según la versión taquigráfica a la que accedió Montevideo Portal.

Bordaberry señaló que en el expediente figuran observaciones del Tribunal de Cuentas (TCR) que refieren a la falta de rubro, pero enfatizó que el problema de fondo es la mayoría con la que se resolvió la compra. “Ya no es una cuestión de que no tienen rubro; es una cuestión de que no juntaron los votos suficientes”, subrayó.

En la sesión, el senador presentó un informe jurídico del año 2018 —realizado durante un gobierno del Frente Amplio y bajo la presidencia de Jacqueline Gómez en Colonización— que, según sostuvo, establece que se necesitan cuatro votos incluso cuando la adquisición se realiza por el artículo 35 de la ley, es decir, por el derecho de preferencia.

“Ese informe, muy fundado, había sido contratado por el Instituto Nacional de Colonización y enviado al Tribunal de Cuentas. O sea que ya hay un informe diciendo que se necesitan cuatro votos”, argumentó Bordaberry. “Es un tema técnico jurídico, pero de fácil entendimiento”, agregó.

El legislador sostuvo que jurídicamente “una compraventa por derecho de preferencia y una compra directa son lo mismo”, y que la diferencia es solo administrativa. “No existe en el ordenamiento jurídico uruguayo la figura de diferencia entre compra directa y compra por preferencia. Es decir, es compraventa o no”, expresó.

El tema generó reparos en el Frente Amplio, pero también recibió apoyo de senadores de la coalición oficialista, como Carlos Camy, quien respaldó la convocatoria y sugirió que además del directorio comparezca el departamento jurídico del INC. “Más allá del dato que da respecto a la posición que tenía Jacqueline Gómez en 2018, no tengo dudas de que en la historia del Instituto hay decenas de compras al amparo del artículo 35 que deben haber sido aprobadas con tres votos, lo que también me podría llevar a decir que fueron compras mal realizadas”, planteó.

 

Fuente: Montevideo Portal