Con un sistema previsional bajo presión y una población que envejece aceleradamente, Alemania explora medidas urgentes para evitar el colapso de su modelo de bienestar.

Entre ellas, destaca una propuesta gubernamental para incentivar el retorno de jubilados al mercado laboral, una decisión que refleja la magnitud del déficit estructural del sistema de pensiones, que en 2024 alcanzó los 408.000 millones de euros, un 60% más que en 2010.

La estrategia busca compensar la falta de trabajadores calificados y aliviar las finanzas públicas, permitiendo que los jubilados puedan trabajar sin que sus ingresos adicionales estén gravados, hasta un tope de 2.000 euros mensuales. Si bien la propuesta ha sido presentada como opcional, el debate político y social en torno a su implementación evidencia un dilema de fondo: ¿es una solución estructural o un parche fiscal?

Un problema demográfico de fondo

Con una cuarta parte de la población ya jubilada, Alemania enfrenta un fenómeno que afecta a varias economías europeas: la baja natalidad combinada con la longevidad creciente. Esto ha desequilibrado el sistema contributivo de pensiones, tradicionalmente financiado por la fuerza laboral activa.

Para 2031, la edad legal de jubilación aumentará a 67 años, pero incluso esta medida podría resultar insuficiente. La ministra de Economía, Katherina Reiche, propuso elevarla a 70 años, desatando una ola de críticas desde los sindicatos y el Partido Socialdemócrata (SPD), que calificaron la idea como una “reducción encubierta de derechos adquiridos”.

Historias que humanizan el debate

El caso de Pete Maie, un exsoldado de 70 años que busca empleo de medio tiempo en Colonia, refleja cómo la necesidad económica y el deseo de mantenerse activo se entrelazan. “Estoy listo para trabajar mientras mi cuerpo me lo permita”, declaró. Como él, más de 1,1 millones de jubilados alemanes siguen activos laboralmente, muchos impulsados por pensiones insuficientes o por la voluntad de conservar un rol social.

Tensiones en la coalición y dudas fiscales

El canciller Friedrich Merz reconoció que “el Estado de bienestar tal como lo conocemos ya no es financiable” y anunció un “otoño de reformas” que abarcará desde pensiones hasta seguros de desempleo. Pero las diferencias dentro de su coalición son evidentes. Mientras sectores conservadores promueven incentivos al trabajo y reducción de prestaciones, el SPD insiste en medidas redistributivas y de protección a sectores vulnerables.

Expertos como María Schüler, del instituto IW, critican que los incentivos fiscales beneficien desproporcionadamente a jubilados de altos ingresos, lo que podría convertirse en un “regalo fiscal regresivo” con un costo estimado de 2.800 millones de euros anuales.

Cultura empresarial y edadismo

El regreso de los mayores al trabajo no depende solo de normas fiscales. Persiste un fuerte sesgo etario en el mercado laboral. Según Unique Seniors, una agencia que conecta a jubilados con empleadores, muchas empresas rehúyen contratar adultos mayores pese a su experiencia y bajo ausentismo.

Para Johannes Geyer, del instituto DIW, el desafío pasa por adaptar los puestos de trabajo a las capacidades funcionales de los mayores y superar prejuicios empresariales, integrando políticas activas de inclusión laboral.

Con información de Agencias.