Alumnos del Instituto de Formación Docente y Centro Regional de Profesores se manifestaron en Florida realizando una marcha por el centro de la ciudad, luego de ocupar los centros educativos horas atrás, y ser desalojados en dos oportunidades.
En “contra de la reforma educativa” y pedido de más ”presupuesto para la educación”, los estudiantes dieron lectura de proclama en Plaza Asamblea, y emitieron una declaración en conjunto.
Declaración:
LA LUCHA POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA ES LA LUCHA POR EL FUTURO DE NUESTRAS/OS HIJAS E HIJOS
Los gremios docentes y estudiantiles de Formación en Educación llevan adelante una lucha, de larga data ya, en defensa de la educación pública como derecho fundamental, inalienable, y el fortalecimiento de la educación en este país.
Sabido es que la formación en educación no tiene todavía un estatus de formación universitaria al que aspiramos docentes y estudiantes. Venimos luchando hace mucho tiempo por una Universidad de la Educación que sea pública, autónoma, gratuita y co-gobernada por los órdenes estudiantiles, docentes y de egresados. Universidad que desarrolle los tres pilares del quehacer universitario: la docencia, la investigación y el servicio o extensión.
La lucha continúa, no hemos podido lograr los consensos suficientes a nivel político para cumplir con estos objetivos. Uno de los argumentos más resonante es, a menudo, de orden económico-financiero. No cabe duda que con un presupuesto como el que tenemos no se puede cumplir con la tarea a no ser por la sobre-exigencia de cada docente. Por ello reclamamos hace años el 6% +1 como base mínima para la educación. Nuestra actividad profesional requiere actualización permanente, hacer investigación científica, empírica, y de calidad, así como la consecuente divulgación que retroalimente la cadena de la acumulación de conocimiento para que se extienda la comunidad académica. Todo ello, junto con el servicio y/o extensión, requieren presupuesto dignos para dar respuesta al necesario proceso social de involucramiento de las comunidades para la creación de conocimiento nuevo.
Desde los 90 venimos rechazando el vaciamiento de los fondos de financiamiento, la separación de los mismos de los centros educativos, y la concentración de ellos en comisiones ad-hoc que financian proyectos. Lamentablemente, estas terminan imponiendo una agenda de investigación que se adecua al status quo. Las líneas que se van a financiar son pautadas a priori, y aquello que podría interpretarse como una racionalidad económica -justificada por la escasez de recursos- termina desalentando las mejores ideas que surgen de las necesidades propias de la docencia, de la comunidad académica. Lo anterior, no desmerece la enorme dedicación, compromiso y esfuerzo para muchos docentes que, sorteando todos los inconvenientes, logran a su costo y al de su familia hacer tareas de investigación y servicio que vale doblemente reconocer.
Debemos señalar que en los últimos años habíamos tenido una recuperación salarial, que ahora perdimos producto de la inflación sostenida. Además, nos encontramos ante nuevos recortes presupuestales que continúan sobrecargado la labor docente: aumenta la necesidad del multi-empleo para lograr un salario digno, docentes con gran cantidad de estudiantes, las condiciones laborales y edilicias se empobrecen en proporción a los mencionados recortes. Y, por si fuera poco, todo esto afecta directamente la salud de cada docente. Asimismo, afecta directamente la relación académico-pedagógica y por lo tanto, los aprendizajes y la formación de los futuros docentes.
En otro orden, las autoridades desmerecen la educación pública y generan oportunidades para la privatización de la educación. Esto afecta directamente la desigualdad de oportunidades y la segmentación social. La actitud de las autoridades de CFE, CODICEN y el mismo MEC pretende legitimar un proceso de cambio en la educación atacando a las organizaciones sindicales de docentes y estudiantes a las que se las señala como responsables de una supuesta “crisis en la educación”. Pero es absurdo -además de erroneo- suponer que la educación se puede abstraer de otros procesos de crisis estructural, ya sean las económicas, políticas o civilizatorias que afectan a la organización social.
Las decisiones políticas sobre la Educación Pública, y en particular sobre la Formación en Educación, inician un proceso en cascada que pone en evidencia la intención de debilitamiento que denunciamos:
Primero, con el planteamiento de un documento que puso a discusión de docentes y estudiantes que llenó de vergüenza a todos los actores de la educación, particularmente por sus vicios de forma. Las formas, en este caso, inhiben la consideración seria de los contenidos porque viola un conjunto de estándares éticos que el mismo sistema educativo se auto-exige para relacionarse con toda la sociedad. Hablamos del plagio cometido por la comisión redactora y admitido por las propias autoridades de la ANEP. Es nefasto que nos quieran hacer discutir un documento de estas características cuando el reglamento de estudiantes vigente propone la quita de la calidad de estudiante a aquella persona que cometa plagio. ¿No convendría regular la quita de la calidad de autoridad?
Segundo, el método de discusión y los tiempos que se imponen para la misma no son los propios de la institucionalidad vigente de las ATD, que son un órgano legítimo de consulta establecido en la Ley General de Educación. Además, no ha tomado en cuenta los diferentes reclamos y propuestas que emergen de los múltiples colectivos de docentes y estudiantes, sindicales y no sindicales.
Tercero, la contratación de “dinamizadores” que supuestamente construirán sentido a partir de los aportes que se recojan es un gasto significativo e innecesario que desconoce a los diferentes actores institucionales de la Formación en Educación, las comisiones tripartitas que han trabajado durante años y la autonomía de las salas nacionales nucleadas en disciplinas y especialidades. Esta figura de "dinamizador" expone, además, una visión teórica pobre sobre el conocimiento que ya se ha observado en otros emprendimientos gubernamentales al depositar en “comisiones de expertos” la responsabilidad de tomar decisiones políticas que afectan a vastos sectores sociales (i.e. reforma de la seguridad social).
Cuarto, la propuesta curricular y el enfoque competencial que sostiene merece una discusión genuina, que incluya a los diferentes actores, y en la que se reflexione sobre el para qué educar y qué docentes queremos formar. Además, el enfoque competencial no puede estar asociado a la pérdida de contenidos disciplinares. En este sentido, exigimos se brinden los tiempos necesarios para desarrollar modelos adecuados a nuestros propios programas, atendiendo a las especificidades de cada disciplina.
Quinto, se alienta la discusión sobre los cambios curriculares pero las autoridades de educación se demoran y se niega abordar, de una vez, los cambios necesarios en la estructura académica que los contenga. El estatuto docente debe ser modificado a los efectos de incorporar las funciones y derechos de docentes de Formación en Educación. Ya no podemos seguir adecuándonos a la estructura de enseñanza media como si nada pasara. Es necesario que contemos con un marco correspondiente en la que se regulen los cargos necesarios para desempeñar la supuesta transición hacia la carrera de "carácter universitario". Corresponde señalar que hoy la mayoría de los docentes solo cuentan con régimen de horas y dividen su labor en varias instituciones incluso en más de un subsistema.
Sexto, con este tipo de acciones, y sus constantes omisiones, se sigue desalentado a construir un mínimo de seguridades para las condiciones laborales que terminen con la incertidumbre y precarización creciente de la docencia.
Séptimo, no podemos menos que rechazar la intromisión del MEC en la autonomía constitucional que ostenta ANEP en cuanto ente autónomo. En especial, las condiciones que presenta para otorgar un “Título Universitario” son irrisorias. No reconoce lo que es una educación propiamente universitaria. No pasa sin duda por tener profesores con encumbrados títulos de posgraduados universitarios, sino por procesos de formación integrales que articulen un método de enseñanza aprendizaje que vincule los tres ejes de la actividad universitaria.
