El tribunal de Apelaciones confirmo la resolución del juez de primera instancia que dispuso la prisión domiciliaria para el conductor del auto que embistió a las jóvenes Lucia Borges y Saraí Arbelo el 29 de febrero de 2020, en el Prado de la Piedra Alta, mientras se resuelve la apelación.

“Confirmase la sentencia interlocutoria impugnada salvo, en cuanto ordeno como plazo hasta que la sentencia de primer grado quede ejecutoriada, en cuya parte se revoca y, en su lugar, se dispone que la cautela sea por 180 días, debiendo la sede a quo, liquidar y comunicar la fecha exacta de vencimiento”.

Resolucion del Tribunal de Apleaciones:

Tribunal Apelaciones Penal 2º Tº DIRECCIÓN Yi 1523/25 1º piso

CEDULÓN

Curuchet Cosimini, Cipriano Montevideo, 24 de febrero de 2022

En autos caratulados: GARCÍA BOTTERO, WILSON NICOLÁSJUICIO ORAL-RECURSO DE APELACIÓN-ES TESTIMONIO DE IUE: 2-8737/2020 Ficha 259-30/2022

Tramitados ante esta Sede se ha dispuesto notificar a Ud. la providencia que a continuación se transcribe:

Sentencia : 97/2022, Fecha :23/02/22

Dr. José Balcaldi Tesauro

Ministro Redactor

V I S T A:

Para sentencia interlocutoria de segunda instancia estos autos caratulados:pieza mandada a formar en autos: ?GARCÍA BOTTERO,Wilson Nicolás. Un delito complejo de homicidio culpable calificado por el resultado muerte de dos personas. Juicio. IUE 2-8737/2020.? MEDIDAS CAUTELARES. IUE-259-30/2022.

R E S U L T A N D O:

1) Por sentencia Nº 88 de fecha 7 de febrero de 2022 la Sra. Jueza de Primera Instancia dispuso: ?...A la solicitud de prisión preventiva: No ha lugar, disponiéndose en su lugar hasta el dictado de

sentencia definitiva ejecutoriada la continuación del arresto domiciliario total con uso de dispositivo electrónico tobillera E4?.-

2) Contra dicha resolución la Fiscalía General interpuso los recursos de reposición y apelación manifestando en lo sustancial:

a) Alega que se trata de un asunto donde recayó sentencia de condena por un delito de homicidio complejo por el resultado muerte de dos personas a la pena de cinco años de penitenciaría.-

Esa situación hace que existe riesgo de fuga.-

b) Entiende que la medida impuesta no es suficiente porque la situación de hecho varió radicalmente, porque ya no es una persona imputada sino condenada en primera instancia a una pena de penitenciaría de cumplimiento efectivo.-

c) Cita jurisprudencia reciente que entiende que el hecho de que se haya dictado una sentencia de condena aumenta el riesgo procesal de fuga.-

d) Peticiona que revoque la providencia impugnada y se disponga la prisión preventiva hasta que quede ejecutoriada la sentencia de condena.-

3) Conferido traslado de los recursos a la Defensa la misma lo evacuó manifestando fundamentalmente que comparte los fundamentos del fallo impugnado ya que el imputado conoce las consecuencias jurídicas desde el principio de la investigación y siempre estuvo a derecho.-

Agrega que no comparte la comparación con otros casos puntuales donde un imputado se fugó por no haberse aplicado la prisión preventiva porque cada asunto debe analizarse en forma independiente y no puede perjudicarse a este justiciable por comportamientos de otras personas.-

4) Por resolución Nº 89 de fecha 7 de febrero de 2022 la Sra. Jueza ?a quo? mantuvo la sentencia interlocutoria impugnada y franqueó la alzada sin efecto suspensivo mandando formar pieza separada para su diligenciamiento.-

5) Se recibió el expediente en este Tribunal, se citó para resolución y previo estudio de sus integrantes se acordó el siguiente fallo.-

C O N S I D E R A N D O:

Se confirmará la sentencia interlocutoria impugnada, con la salvedad puntual que se dirá, por los siguientes fundamentos.-

El debate planteado recae en si procede mantener la medida cautelar dispuesta por la Sra. Jueza de primer grado o revocarla ordenando en su lugar la prisión preventiva.-

En toda medida cautelar lo que se debe discernir es si existen riesgos procesales, en el asunto de autos limitado a peligro de fuga, en cuyo caso se impone admitirla, pero de no ser así, la misma no tiene razón de ser o encubre una pena anticipada en flagrante violación al principio de inocencia.-

Ahora bien, la Fiscalía General reclama que se decrete la prisión preventiva porque sostiene que existe riesgo de fuga porque se dictó la sentencia de primera instancia condenatoria, y que la pena impuesta es de cinco años de penitenciaría por lo cual el encausado podría fugarse.-

El Colegiado, comparte la sentencia impugnada porque si bien existe el riesgo procesal que justifica mantener la medida cautelar, resulta que la prisión

preventiva no es en las circunstancias acreditadas necesaria para conculcarlos visto la realidad del trámite de la presente causa.-

En efecto, la Fiscalía sostiene que existe riesgo de fuga pero la realidad es que el sospechoso inicialmente estuvo a derecho y luego de imputado también, cumpliendo con todos los requerimientos de la justicia, por lo cual es notorio que la eventualidad de ser condenado estaba presente y la cantidad de pena también.-

Pues bien, se trata entonces de una valoración puramente genérica y sin respaldo en lo que acontece en este asunto.-

Los argumentos de la Fiscalía son genéricos porque alega que un sospechoso en otra causa se fugó porque no estaba en prisión preventiva como lo reclamó la Fiscalía.-

Entonces lo que no toma en consideración el argumento de la Fiscalía es que lo que señala es parte de lo que acontece en un sistema procesal como el vigente en nuestro país, que por otra parte es lo que eventualmente puede ocurrir y de hecho

pasa en todos los sistemas procesales del mundo entero, claro está que delimitado a donde rige el derecho penal liberal.-

COLOFÓN: Los hechos de autos ocurrieron hace dos años, se tramitó la investigación preliminar y el juicio oral en primer grado y el acusado estuvo siempre a derecho, por lo cual no existen hechos concretos que habiliten a sospechar con un grado de certeza que se fugará por el dictado de la sentencia, como se argumenta por la Fiscalía General.-

El sistema procesal penal vigente se basa en el principio de inocencia y las medidas cautelares, sobre todo la prisión preventiva, debe justificarse en forma real no con generalidades aplicables a todos los asuntos, porque de así procederse no deja la menor duda que se trata de un anticipo de la eventual pena que se pretende para el ciudadano, que es lo que representa el criterio de la Fiscalía.-

El planteo de autos no es de recibo porque no se presentó un hecho concreto que lo fundamente, pasando entonces a encubrir un anticipo de la pena

impuesta en la sentencia sin que la misma este ejecutoriada.-

En otro orden se dirá que el Cuerpo Colegiado ya se expidió en reiteradas oportunidades sobre las cautelas indefinidas o de tal duración que sea la misma cosa (como establecerla hasta que quede ejecutoriada una sentencia), sobre todo cuando se trata de prisión preventiva que ello no es más ni menos que una pena anticipada y no una medidas cautelar sujeta a los avatares ínsitos de su naturaleza jurídica.-

Un solo ejemplo revela la inconsistencia de tal tipo de medida cautelar.

Cómo es posible que alguien permanezca en prisión preventiva hasta que quede ejecutoriada una sentencia por ejemplo si es absuelto en primera instancia y la Fiscalía General interpone recurso de apelación.-

Es obvio que la sentencia no está ejecutoriada pero pasa a resultar absurdo esa medida cuando la ley a texto expreso dispone otra cosa, pero el sentido es

el mismo si se trata a los justiciables como inocentes hasta que una sentencia de condena quede firme.-

Las medidas cautelares deben necesariamente tener una fecha cierta en cuanto al tiempo de cumplimiento, no genérica e indefinida, porque entonces no se trata de conculcar un riesgo sino un anticipo de una eventual pena.-

Como señala en su voto el Sr. Ministro Dr. Ricardo Míguez Isbarbo: ?...La sentencia definitiva aún no ha quedado ejecutoriada pero la misma en principio condena Wilson Nicolás Garcia Bottero como autor penalmente responsable de un delito complejo de Homicidio Culpable calificado por el resultado muerte de dos personas a la pena de cinco años de penitenciaría, siendo de su cargo los gastos accesorios de rigor conforme al art. 105 literal e) del C. Penal, con descuento de la preventiva sufrida. Al momento de dictarse la sentencia la Fiscalía aboga por la modificación de la medida cautelar de arresto domiciliario total que venía soportando a la fecha el imputado por la de prisión preventiva, hasta que la sentencia quede ejecutoriada. Quien realiza este

voto no ve elementos de riesgo para que en esta instancia se deba proceder a la modificación de la medida cautelar de arresto domiciliario total, que venía cumpliendo el imputado con regularidad desde hace dos años a la fecha, inclusive acompañado con dispositivo electrónico del tipo E4, en tanto a su vez se ha demostrado que la misma resulta eficiente para conjurar cualquier tipo de riesgo existente. Además un incumplimiento que exista por parte del imputado sería rápidamente detectable por personal de seguridad, atendiendo a que es portador de un dispositivo electrónico. Todo lo anterior me lleva a descartar el aplicarla eneste caso específico, la prisión preventiva, medida cautelar de ?última ratio?, todo ello sin perjuicio de ulterioridades y teniendo en cuenta que las medidas cautelares se adoptan bajo el viejo principio del ?rebus sic stantibus?. Por lo expuesto; confirmo la resolución atacada Nº 88/2022...?.-

En virtud de lo expuesto y de conformidad con lo establecido por los artículos 224, 361 a 366 del CPP el Tribunal,

R E S U E L V E:

Confírmase la sentencia interlocutoria impugnada salvo, en cuanto ordenó como plazo ?hasta que la sentencia de primer grado quede ejecutoriada?, en cuya parte se revoca y, en su lugar, se dispone que la cautela sea por ciento ochenta (180) días, debiendo la sede ?a quo? liquidar y comunicar la fecha exacta de vencimiento.-

Oportunamente devuélvase al juzgado de origen.-

Dr. José Balcaldi Tesauro

Ministro

Dr. Ricardo H. Míguez Isbarbo

Ministro

Dr. Daniel Tapie Santarelli

Ministro

Dra. Carla M. Cajiga

Secretaria Letrada