Representantes del Partido Nacional, Partido Colorado e Identidad Soberana resolvieron presentar una denuncia penal contra los directores del Instituto Nacional de Colonización que firmaron la compra de la estancia María Dolores, ubicada en el departamento de Florida.

Según informó Búsqueda, los diputados de la oposición decidieron elevar el reclamo ante la Justicia por entender que se cometieron cuatro delitos durante el proceso de adquisición: abuso de funciones, falsificación ideológica de documento público, fraude y conjunción del interés personal y público.

El diputado de Identidad Soberana, Gustavo Salle, anunció en la sesión de la Cámara baja del pasado martes 2 de setiembre que iba a presentar la denuncia, el mismo día en el que los representantes de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita, pidieron una prórroga para votar la creación de una comisión investigadora.

Los denunciantes plantean que pudo haber abuso de funciones en la compra de la estancia, porque observan “un presunto desvío de los fines de la administración, utilización ilegítima de facultades y medios del cargo público, y perjuicio económico directo para el Estado”. Además, manifestaron que la adquisición estuvo condicionada por un “homenaje” a José Mujica, un “fin ajeno a los intereses de la administración”.

En cuanto a falsificación ideológica, los diputados entienden que se ejerció el derecho de preferencia del Estado “sin contar con el informe técnico preceptivo previsto en el artículo 28 de la Ley Nº 11029”, que el informe técnico tenía “reparos sustantivos” que no fueron tenidos en cuenta y que “la documentación fue presumiblemente manipulada para dar apariencia de legalidad a una decisión ya adoptada”.

Los dirigentes consideran que también hubo fraude contra la administración porque la resolución de compra se adoptó con tres votos, a pesar de que el acuerdo con el Tribunal de Cuentas requiere cuatro, y por la “contratación irregular” de un informe externo (de la Universidad Claeh). Por último, agregaron el delito de conjunción del interés público y privado porque dos integrantes del Directorio a la hora de firmar la resolución eran colonos.

El citado medio consignó que los representantes que firmaron la denuncia —Salle, Domingo Rielli por el Partido Nacional y Juan Martín Jorge por el Partido Colorado— solicitarán declaración testimonial de 12 funcionarios del instituto, del delegado del Tribunal de Cuentas, y de anteriores y actuales directores de Colonización.

El actual presidente del Instituto Nacional de Colonización, Alejandro Henry, aseguró que la decisión de radicar una denuncia penal es “triste y lamentable”. “Pensamos que en la interpelación habíamos dado toda la información necesaria y que se iba a cerrar el tema”, afirmó en diálogo con La Diaria.

“No sé los motivos, no los encuentro. Los informes jurídicos nuestros son contundentes; si hacen la denuncia, esperamos la decisión de la Justicia. La verdad es que nos entristece mucho que, para algunos políticos de este país, querer ayudar a los pobres sea considerado un delito”, agregó.

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