El exministro de Defensa, el nacionalista Armando Castaingdebat, dijo que la demanda que iniciará el astillero español Cardama por la rescisión del contrato para la construcción de dos patrulleras oceánicas será “millonaria”.

Castaingdebat sostuvo, tras la comparecencia en la comisión investigadora del caso, que el secretario de Presidencia se negó a responder un pedido de informe del diputado Pablo Abdala, amparándose en que es secreto y que publicarlos comprometería la estabilidad monetaria del país. “Nos hace pensar o confirmar que realmente los datos que nosotros manejamos en cuanto a la demanda por parte de los astilleros Cardama es importante”, subrayó.

En los últimos días se conoció que el fiscal de delitos económicos, Gilberto Rodríguez, pidió toda la información de la investigadora y, según Castaingdebat, el resultado sería un largo y millonario juicio.

“Es una lástima porque Uruguay ya estaría camino a tener la primera patrullera y hoy estamos metidos en una discusión política que la va a pagar Juan Pueblo. Esto va a costar mucha plata. Este gobierno es un juicio que va a durar mucho tiempo”, aseguró.

Además, el exministro dijo que el contrato firmado con el astillero brindaba garantías al Estado uruguayo. “Cardama se enfrentaba al Uruguay por un contrato leonino hecho por el Estado Uruguayo. Era tremendamente garantista, exigía cosas de más, exigió dos garantías, exigió multas. Era un contrato que protegía al Estado por todos lados”.

En el mismo sentido, sostuvo que no hubo aviso previo de estafa o fraude, y apuntó que, al momento de la constitución de la garantía, ni el estudio Delpiazzo ni ningún otro actor advirtió al Ministerio de Defensa que no siguiera adelante con el contrato.

“Hubo decisiones políticas”

En tanto, el diputado del Frente Amplio, Joaquín Garlo, afirmó que la comparecencia del exministro de Defensa confirmó que hubo pagos sin documentos.

“Lo que constatamos en la comparecencia del exministro hoy es que el primer pago el Ministerio de Defensa lo efectuó sin tener la documentación original a la vista, lo cual de por sí ya constituye una irregularidad”, afirmó el legislador. “Ese primer pago de más de 8 millones de euros se hizo sin tener la documentación adelante, solamente un informe de (el estudio) Delpiazzo, y Delpiazzo ya aclaró que su rol no era controlar las garantías”.

Garlo también señaló que en el negocio con Cardama hubo “decisiones políticas”, como la de otorgar prórrogas, que tuvieron otras implicancias, como la presentación de garantías apócrifas.

El Frente Amplio, en la reunión de la comisión, planteó la necesidad de convocar formalmente a Mario Cardama, el director de Francisco Cardama Sociedad Anónima, y a Gerardo Moreira, el representante de Cardama en Uruguay.

En tanto que la oposición afirma que no hay elementos delictivos. “No hay ningún elemento, pero ni un solo elemento que pueda vincular a jerarcas del anterior gobierno con la comisión de un delito, con haber violado una ley, una disposición, un reglamento”, afirmó el diputado del Partido Independiente Gerardo Sotelo.




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