El Instituto Nacional de Rehabilitación publicó los resultados del II Censo Nacional de Personas Privadas de Libertad, realizado entre febrero y diciembre del año pasado.

El relevamiento tuvo una “cobertura aproximada” del 80% y 13.182 casos válidos. Entre 2003 y 2025, la población carcelaria de Uruguay aumentó en casi 10.000 personas.

Los resultados de este “aporte fundamental” para el conocimiento de la población penitenciaria uruguaya “permiten reconocer avances en materia de ejercicio de derechos, al tiempo que ponen de manifiesto desafíos persistentes”, según informó el Ministerio del Interior en su página web.

“La información generada constituye un insumo relevante para el diseño, la implementación y el monitoreo de políticas públicas, tanto en el ámbito penitenciario como en las distintas etapas de la prevención del delito. En particular, contribuye a fundamentar la necesidad de desarrollar una política penitenciaria integral, basada en evidencia, y sostenida en la articulación entre instituciones”, reza el texto difundido.

El censo se realizó en el marco de un convenio con la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. La anterior edición fue llevada a cabo en 2010.

Principales resultados

El informe destaca que la población penitenciaria concentra “múltiples situaciones de vulnerabilidad social que anteceden al ingreso al sistema penitenciario”. Las trayectorias relevadas se caracterizan por experiencias tempranas de “exclusión e institucionalización”, abandono educativo, inserciones laborales “precarias”, condiciones habitacionales “desfavorables” y una importante presencia de responsabilidades familiares y de cuidado, principalmente en las mujeres.

El censo también observa “diferencias relevantes” según género y territorio, que muestran “la heterogeneidad de las trayectorias y condiciones de vida de las personas privadas de libertad”.

Respecto a este último punto, por ejemplo, se halló que las mujeres “presentan con mayor frecuencia trayectorias atravesadas por responsabilidades de cuidado, maternidad temprana, hogares con mayor presencia de niños y niñas y una mayor vinculación previa con políticas de protección social”, mientras que entre los hombres se observan trayectorias delictivas “más tempranas” y “mayores niveles de reincidencia”.

En tanto, las unidades penitenciarias de Montevideo y el área metropolitana “presentan resultados más desfavorables” que las del interior del país.

En las dimensiones directamente vinculadas al funcionamiento del sistema penitenciario y al ejercicio de derechos durante la privación de libertad, el relevamiento identifica desafíos en materia de acceso a la justicia, salud, convivencia e intervención penitenciaria.

Si bien se observan avances en algunos indicadores, el informe señala que persisten brechas en los apoyos para personas con discapacidad, los mecanismos de redención de pena, las oportunidades de trabajo y estudio, y las condiciones de convivencia y seguridad dentro de los establecimientos penitenciarios.

De todas formas, el estudio subraya que la educación “constituye uno de los cambios positivos más claros” entre el primer y segundo censo. La participación en actividades educativas se duplicó desde el 2010 al 2025, pero más de la mitad de la población “continúa sin acceder a ellas”, indica la publicación.

A su vez, “una parte importante de las personas que realizan actividades laborales dentro de las unidades no las percibe como suficientemente útiles para su reinserción laboral futura”, añade.

“Al mismo tiempo, las condiciones y oportunidades existentes durante la reclusión pueden contribuir a ampliar o restringir las posibilidades posteriores de integración social. Esta mirada adquiere particular relevancia al considerar las expectativas expresadas por las propias personas privadas de libertad. Más de tres de cada cuatro consideran que el Estado puede contribuir a mejorar sus posibilidades de reinserción y, entre ellas, el acceso al trabajo aparece como la principal necesidad señalada”, sostiene el informe.

Otras necesidades marcadas por los privados de libertad están vinculadas a vivienda, educación, atención del consumo problemático de drogas, salud mental o la revinculación familiar.

“Estos resultados refuerzan la necesidad de pensar la preparación para el egreso desde una perspectiva integral, capaz de responder a necesidades diversas y, en muchos casos, acumuladas a lo largo de las trayectorias de vida”, concluye el informe.

“Alta” población encuestada

El INR remarcó que los resultados del censo “deben ser leídos en un contexto de crecimiento del encarcelamiento” en el país.

De acuerdo con los datos presentados, la población privada de libertad pasó de 6.757 personas en 2003 a 16.570 a fines del año pasado; la tasa de prisionalización, en tanto, ascendió de 253 personas cada 100.000 habitantes en 2010 a cerca de 480 en 2025.

Se trata de una población “mayoritariamente masculina” —14.835 hombres contra 1.327 mujeres, según datos al 16 de octubre de 2024— y “relativamente joven”. “Asimismo, el 20,2% se identifica con ascendencia afrodescendiente, proporción que evidencia una importante sobrerrepresentación respecto de la población general”, según el censo nacional realizado en 2023, un 10,6% de la población manifestó tener ascendencia afro.

Por otro lado, según el informe, el 20,5% de la población encuestada vivió en situación de calle durante la infancia o adolescencia; el 26,8% estuvo institucionalizado en el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay u “organismos similares”, y el 46,4% cometió su primer delito antes de cumplir la mayoría de edad.




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