El Frente Amplio y los partidos de oposición alcanzaron un acuerdo para enviar a Fiscalía las conclusiones de la comisión investigadora sobre la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC).

El acuerdo fue negociado por el diputado nacionalista Sebastián Andújar durante la sesión de la Cámara de Representantes, en la que se discutieron los informes elaborados por las distintas fuerzas políticas tras el cierre de la investigadora. El plenario votará el envío de las actuaciones a la Justicia este miércoles de noche.

La comisión había comenzado a trabajar en marzo de este año y finalizó sus actuaciones el pasado 8 de junio, luego de tres meses de investigación y sin que los partidos alcanzaran una posición común sobre la adquisición del establecimiento.

De ese trabajo surgieron cuatro informes: uno del Frente Amplio, otro conjunto del Partido Nacional y el Partido Colorado, uno de Cabildo Abierto y otro de Identidad Soberana.

Mientras que el oficialismo defendió la legalidad de la operación y sostuvo que no se encontraron irregularidades, desde la oposición se cuestionó el procedimiento de compra, el precio pagado por el campo y las decisiones adoptadas por el directorio de Colonización.

El presidente de la Cámara de Representantes e integrante de la investigadora por el Frente Amplio, Sebastián Valdomir, había asegurado al cierre de los trabajos que la compra “fue ajustada a derecho”.

Por su parte, el diputado colorado Carlos Rydström había señalado que existieron irregularidades en el procedimiento y cuestionó las diferencias entre las proyecciones iniciales para el establecimiento y el proyecto que finalmente se llevaría adelante.

Entre otros aspectos, el legislador hizo referencia a la reducción de 16 a 6 tambos previstos para el predio y sostuvo que el precio pagado por Colonización era superior al valor de otros campos de la zona.

En junio, legisladores de la oposición que integraron la investigadora solicitaron la remoción de los directores del INC que votaron a favor de la adquisición y adelantaron su intención de remitir las actuaciones a la Fiscalía.

La compra de María Dolores, un establecimiento de más de 4.000 hectáreas ubicado en Florida, fue concretada en 2025 por US$ 32,5 millones. El proyecto del gobierno para el predio tuvo entre sus principales objetivos el desarrollo de una colonia destinada a la producción lechera.

La operación fue anunciada durante el velorio del expresidente José Mujica y generó cuestionamientos de la oposición, que planteó dudas sobre el cuórum del directorio al momento de aprobar la adquisición, la disponibilidad presupuestal y posibles conflictos de interés de algunos de sus integrantes.

El caso ya se encuentra en el ámbito judicial. En setiembre de 2025, los diputados Rodrigo Goñi (Partido Nacional), Juan Martín Jorge (Partido Colorado), Gerardo Sotelo (Partido Independiente) y Gustavo Salle (Identidad Soberana) presentaron una denuncia penal por presuntas irregularidades en la compra.

En aquel momento, la oposición no había conseguido los votos para conformar la comisión parlamentaria. Su creación se concretó recién en marzo de este año, tras tres intentos fallidos y con el apoyo de Cabildo Abierto.

Con el acuerdo alcanzado este miércoles, los informes elaborados por los legisladores se sumarán a los antecedentes que ya tiene la Fiscalía sobre la adquisición del establecimiento.






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