El 15 de febrero de 2013 se produjeron incidentes en la Suprema Corte de Justicia cuando se disponía a realizarse el traslado de la jueza Mariana Motta. La magistrada, destacada en varios casos de derechos humanos, fue trasladada de la órbita penal a la civil, lo que fue visto por cientos de activistas como una "estrategia" para retirarla de casos sensibles.

Decenas de manifestantes ocuparon la sede judicial aquel día e impidieron de esa forma que el traslado se realizara en aquella jornada. Por este caso la jueza Ana de Salterain condenó a Irma Leites, fundadora de la Plenaria Memoria y Justicia, el extupamaro Jorge Zabalza, Álvaro Jaume, Aníbal Varela, dirigente de Adeom, Diego Jaume, exfutbolista, y Eduardo Jaume por un delito de atentado, los primeros tres en calidad de autores y los últimos tres en calidad de cómplices, informó la diaria y confirmaron fuentes judiciales a Montevideo Portal.

El abogado de los imputados, Juan Fagúndez, dijo que presentará un recurso de apelación y fundamentos contra esta decisión judicial.

Leites, Zabalza y Álvaro Jaume fueron procesados en calidad de autores de un delito de atentado especialmente agravado, con una pena de 24 meses de prisión y los seis restantes en calidad de cómplices con una pena de ocho meses de prisión, todos en régimen de libertad condicional. El anuncio de la apelación se presentará esta semana, explicó Juan Fagúndez.

En un comunicado difundido este domingo, Zabalza, Leitas y Álvaro Jaume señalan que aquel día fueron “un par de miles” que asistieron “a la explanada del llamado Palacio de Justicia, convocados por el PIT-CNT, FEUU, Familiares, Crysol y el conjunto de organizaciones de DD. HH”.

“Asistimos con la clara conciencia que dicho traslado era un operativo político destinado a congelar las decenas de causas que tenía entre manos la jueza. Destinado a legitimar la impunidad de la que han gozado y aún gozan los terroristas de Estado. Por ello la demostración de respaldo”, sostienen.

“Ese mismo día fuimos cientos que subimos a la sala de ceremonias, exteriorizando pacíficamente nuestra protesta. Los más diversos rostros, las más diversas edades, todos impactados por la descarada maniobra de las ´supremas´ autoridades”, agregan.

En ese sentido, recuerdan que abandonaron el recinto “voluntaria y pacíficamente”, pero cuestionan que de los cientos los seleccionaron a ellos seis y a la docente Patricia Borda, procesándolos por el delito de asonada en 2013.

En el 2015, la Suprema Corte declaró inconstitucional el delito de asonada por el que habían sido procesados los siete activistas el 15 de febrero de 2013, tras la presentación de varios recursos. Los activistas dicen en el comunicado que esperaban que ahí se de “el fin de la causa”.

“Pues, todo lo contrario, nuevamente, por los mismos hechos se nos procesa ahora por atentado. Sin dudas que este disparate jurídico tiene nombre: criminalización de la protesta, persecución política, y sobre todo castigo ejemplarizante para aquietar rebeldías ante una inmoral y vergonzosa impunidad. Impunidad difícil de sostener en el tiempo, para quienes enarbolan la bandera de Uruguay como modelo de ´país democrático´”, aseguran en el comunicado.

Por último, denuncian “atropello judicial, decididamente indigno” y reiteran que el reclamo sigue siendo, “como el de gran parte del pueblo: Verdad y Justicia”.

Fuente: Montevideo Portal