Las comisiones investigadoras que estudiaron las denuncias sobre compras y gastos desde marzo de 2020 a julio de 2021, y la contratación de medios, realización de eventos y montos pagados desde marzo de 2010 hasta agosto de 2021 en el Ministerio de Turismo publicaron este miércoles su informe en mayoría.

Dentro de las conclusiones —después de que hayan recibido la declaración de todos los invitados, en donde se formularon todas las preguntas y repreguntas que se entendieron del caso por parte de los representantes nacional, y que se analicen todos los documentos aportados— se señala que “no se encuentran elementos” en la actuación del exministro de Turismo Germán Cardoso que “hagan presumir la comisión de irregularidades o delitos”.

“Con los elementos probatorios y de juicio que dispone esta Comisión, y con los poderes jurídicos limitados por la propia ley, con la que la misma cuenta, entendemos que, ante las distintas situaciones denunciadas, ninguna amerita el reproche penal, porque fueron realizadas dentro del marco de la legalidad”, señala el informe en mayoría.
“Muchos de las denuncias públicas que se han hecho corresponden a un terreno distinto, que es la discusión sobre la oportunidad o conveniencia de la toma de ciertas decisiones, cuando un jerarca utiliza las excepciones a la licitación pública o de los procedimientos competitivos dentro de la Administración Financiera del Estado, utilizando la contratación directa”, añade.

En este sentido, comunicaron que existe un margen de “discrecionalidad” para el jerarca, siempre es opinable una decisión, pero aclaran que de “ningún modo se puede llegar al extremo” de que en el marco de las subjetividades nos lleve a conclusiones que no estarían ajustadas a derecho. Además, agregan que la contratación directa está amparada dentro del ordenamiento jurídico con la lógica de atender las especificidades de los organismos o de las compras de algún hecho particular que amerite la tipificación de un delito.

“En todo este tiempo de trabajo de la comisión, no ha habido por parte de la oposición la identificación de algún hecho particular que amerite la tipificación de un delito. En estos tres meses y poco desde la conformación de la pre-investigadora, fue mucho más el ruido que se hizo que la denuncia concreta con fundamentos”, indica el texto.
Fuente: Montevideo Portal